En Colombia, los procesos electorales son la base de la participación ciudadana y del fortalecimiento de nuestra democracia. Por eso, la ley castiga de manera severa cualquier acción que altere, manipule o afecte la libre expresión del voto.
El Código Penal Colombiano, modificado por la Ley 1864 de 2017, establece un conjunto de delitos electorales que toda persona debe conocer para evitar incurrir en conductas sancionables y para contribuir al desarrollo transparente de las elecciones.
⚖️ Principales delitos electorales y sus sanciones
1. Perturbación del certamen democrático (Art. 386)
Quien mediante engaños impida o altere una votación, un escrutinio o un cabildo abierto, puede enfrentar de 4 a 9 años de prisión y multas entre 50 y 200 salarios mínimos. Si hay violencia o el hecho es cometido por un servidor público, la pena aumenta.
2. Constreñimiento al sufragante (Art. 387)
Presionar o amenazar a una persona para que vote por determinado candidato o en cierto sentido conlleva de 4 a 9 años de prisión y multa entre 50 y 200 salarios mínimos.
La sanción se duplica si el autor es servidor público o condiciona beneficios de programas sociales.
3. Fraude al sufragante (Art. 388)
Engañar a un ciudadano para que vote por alguien específico acarrea de 4 a 8 años de prisión. Si la conducta involucra servidores públicos o amenazas, la pena puede llegar hasta el doble.
4. Fraude en la inscripción de cédulas (Art. 389)
Inscribir la cédula en un lugar diferente al de residencia o nacimiento para obtener ventajas electorales es castigado con de 4 a 9 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos.
5. Elección ilícita de candidatos (Art. 389A)
Si una persona es elegida estando inhabilitada judicial, fiscal o disciplinariamente, puede recibir de 4 a 9 años de prisión y multa de 200 a 800 salarios mínimos.
6. Corrupción de sufragante (Art. 390)
Comprar o vender votos es un delito grave: de 4 a 8 años de prisión y multa entre 200 y 1.000 salarios mínimos.
El castigo es mayor si se usan recursos públicos.
7. Tráfico de votos (Art. 390A)
Ofrecer o negociar votos a cambio de dinero o dádivas acarrea de 4 a 9 años de prisión y multas entre 400 y 1.200 salarios mínimos.
8. Voto fraudulento (Art. 391)
Suplantar a otro ciudadano o votar más de una vez implica de 4 a 8 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos.
9. Favorecimiento de voto fraudulento (Art. 392)
Los servidores públicos que permitan el voto fraudulento recibirán de 4 a 9 años de prisión, multa y doble inhabilidad para ejercer cargos públicos.
10. Mora en la entrega de documentos electorales (Art. 393)
Retrasar la entrega de documentos o sellos de urna también constituye delito, con penas de 4 a 9 años de prisión.
11. Alteración de resultados electorales (Art. 394)
Modificar o introducir votos falsos conlleva de 4 a 8 años de prisión, y más si lo hace un funcionario público.
12. Ocultamiento o retención ilícita de cédula (Art. 395)
Retener o desaparecer una cédula ajena se sanciona con de 4 a 8 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos.
13. Denegación de inscripción (Art. 396)
El servidor público que niegue o dilate la inscripción de un candidato incurrirá en de 4 a 9 años de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
14. Financiación de campañas con fuentes prohibidas (Art. 396A)
Permitir o recibir aportes ilegales en campañas políticas se castiga con de 4 a 8 años de prisión, multas y sanciones de inhabilidad.
15. Violación de topes de gastos en campaña (Art. 396B)
Exceder los límites autorizados por la autoridad electoral acarrea de 4 a 8 años de prisión y multa equivalente al valor excedido.
16. Omisión de información del aportante (Art. 396C)
No reportar aportes a campañas políticas implica de 4 a 8 años de prisión y multas entre 400 y 1.200 salarios mínimos.
🗳️ La transparencia electoral es responsabilidad de todos
Denunciar cualquier irregularidad es un deber ciudadano. La participación honesta y el respeto por las normas garantizan elecciones libres y justas.
📞 Si conoces algún caso de manipulación, compra de votos o fraude electoral, comunícalo ante las autoridades competentes:
Fiscalía General de la Nación – Línea 122
Registraduría Nacional del Estado Civil – www.registraduria.gov.co
